Ley de la Segunda Oportunidad
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¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de la Segunda Oportunidad es una normativa aprobada en España en el año 2015, tiene como objetivo facilitar el acceso a la rehabilitación económica de las personas físicas y empresas que se encuentran en una situación de insolvencia.
Esta ley ofrece una serie de medidas, como la posibilidad de obtener una suspensión de pagos o una reducción de la deuda, con el fin de permitir a las personas y empresas afectadas reorganizar sus deudas y volver a ponerse en marcha económicamente.
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Permite a deudores particulares y autónomos solicitar la anulación de sus deudas, en caso de que éstas sean imposibles de pagar.
Ofrece a los deudores la posibilidad de iniciar un proceso de rehabilitación económica, que les da una segunda oportunidad para salir de la situación de endeudamiento en la que se encuentran.
Esta ley ha sido diseñada para que los deudores y sus acreedores lleguen a un acuerdo, evitando así el fracaso económico y la prohibición de actividades empresariales. El proceso contempla la renegociación de los términos de la deuda, la reestructuración de las mismas y la concesión de un periodo de suspensión de pagos, entre otros.
Concede a los deudores una segunda oportunidad para salir de la situación de endeudamiento y, al mismo tiempo, ofrece a los acreedores la posibilidad de recuperar parte de su inversión.
Para acogerse a esta ley, las personas físicas deben cumplir ciertos requisitos, como no haber sido condenadas por delitos relacionados con la insolvencia en los últimos 5 años, y debe cumplir con los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).
La Ley de la Segunda Oportunidad está regulada en la Normativa española, entre ellas se encuentra:
La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que entró en vigor el 30 de julio de 2015.
La Ley Concursal, modificada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo.
La última reforma concursal entró en vigor el 26 de septiembre de 2022, excepto el libro tercero del TRLConc (LA LEY 6274/2020) sobre el nuevo procedimiento especial de insolvencia de microempresas, y la DA 11ª, relacionada con los aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias por la AEAT, que entró en vigor el 1 de enero de 2023.
Estas leyes regulan el proceso de reorganización y rehabilitación económica para aquellas personas y empresas que se encuentran en situación de insolvencia, proporcionando medidas para reducir la carga financiera y brindar una segunda oportunidad para volver a ponerse en marcha económicamente.
¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de la Segunda Oportunidad está disponible para personas físicas, como particulares y autónomos, que se encuentren en situación de insolvencia. Estas personas pueden solicitar un procedimiento de segunda oportunidad para reorganizar sus deudas y tener la posibilidad de volver a ponerse en marcha económicamente.
Por otro lado, las empresas también pueden acogerse a una herramienta similar, llamada Concurso de Acreedores, que tiene como objetivo principal permitir la reorganización de la empresa y su continuidad económica, a través de acuerdos con sus acreedores y la posibilidad de reducir su deuda.
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Requisitos
¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
Para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, se tiene en cuenta el historial crediticio del deudor. También se debe probar que se trata de un deudor de buena fe.
Por tanto, los requisitos necesarios que deben cumplirse para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad son los siguientes:
Demostrar la insolvencia del deudor al no tener el patrimonio necesario para hacer frente a las deudas.
No haber sido condenado por delitos económicos ni patrimoniales frente a instituciones públicas.
No haber rechazado una oferta de empleo en los últimos 4 años.
No haya intentado conseguir un acuerdo extrajudicial de pagos previamente.
Conoce qué es un acuerdo extrajudicial de pagos
No haber sido beneficiario de esta misma ley en los últimos 10 años.
Requisitos de la Ley de la Segunda Oportunidad
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Beneficios
Ventajas de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad
Empezar de cero
Permite a las personas y empresas que han sufrido una situación de insolvencia temporal, tener una segunda oportunidad para reorganizar sus deudas y volver a poner en marcha su actividad económica.
Protección legal
Proporciona una protección legal al deudor, ya que, una vez iniciado el proceso, los acreedores no pueden seguir reclamando sus deudas ni embargar sus bienes.
Soluciones a tus deudas
Ofrece una solución rápida y eficaz para la liquidación de activos y el pago a los acreedores, ya sea mediante un plan de pagos o la exoneración con liquidación de activos.
Recuperar tu vida
Permite a las personas y empresas recuperar su estabilidad financiera y volver a tener un futuro económico positivo.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad?
La duración del procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad varía dependiendo de varios factores, como la saturación del juzgado, la complejidad del caso y el número de bienes a liquidar.
Según la ley, el plazo máximo para completar el procedimiento es de 18 meses. Sin embargo, es importante mencionar que una vez que el deudor ha iniciado el proceso, está protegido y sus acreedores no pueden seguir reclamando sus deudas ni embargar sus bienes.
¿Cuánto cuesta acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad tiene un costo asociado, principalmente debido a los honorarios de los abogados especializados en este tipo de procedimientos. Los abogados tienen libertad para fijar sus honorarios en base a su trayectoria y especialización, por lo que las tarifas pueden variar considerablemente. Sin embargo, en general, se estima que los honorarios rondan entre 2000 y 3000 euros.
Es importante tener en cuenta que esta cifra puede aumentar en casos complejos o con un gran número de acreedores involucrados. Por esta razón, es recomendable pactar un precio cerrado con el abogado y establecer un plan de pagos a cuotas para facilitar la situación financiera del deudor.